La Corte no declaró constitucional
la ley de Medios
Ricardo Gamba
La Corte Suprema le entregó al gobierno la cabeza de Clarín en bandeja de plata. Para eso no decidió nada respecto de la ley de Medios en general, sino que simplemente se tuvo que cargar algunos elementales principios del Derecho. Hirió mucho más a la seguridad jurídica que a la libertad de expresión.
Para entender esto es necesario observar que la sentencia tiene una grosera discordancia entre la mayoría de los considerandos, que sí hablan de la ley de Medios, y aquello sobre lo cual debía resolver de acuerdo con el planteo de inconstitucionalidad específicamente presentado por el grupo Clarín.
Una farragosa y repetitiva distinción entre la libertad de prensa como derecho colectivo y como derecho individual, sin apoyatura normativa alguna, que serviría para justificar en general la ley de Medios, ocupa buena parte de los considerandos.
Con todo lo interesante que pueda considerarse ese asunto, el problema del fallo consiste en que ése no era su tema, que habla sobre lo que no tenía por qué hablar.
Clarín, ni nadie, objetó judicialmente la ley en ese sentido. Apenas si cuestionó las consecuencias particulares que para sus intereses la aplicación de la ley producía.
El "holding" (el asunto sobre el cual un juez está convocado a resolver) del caso era básicamente el de determinar si la ley podía aplicarse retroactivamente, si provocaba un perjuicio a Clarín que pudiera afectar su libertad de expresión y si la obligación que le imponía no afectaba derechos adquiridos protegidos constitucionalmente.
Este punto, el único sobre el cual la Corte fue interpelada, nada tiene que ver con la cuestión de si la ley es en sí misma, total o parcialmente, compatible con la Constitución ni mucho menos con las supuestas atribuciones del Estado para legislar en nombre del aspecto "colectivo" de la libertad de expresión.
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