Justicia y poder total
por Alfredo M. Olivera
La expresión cristinista acerca de la necesidad de democratizar la Justicia -según se implemente en la práctica- puede servir para una suerte de “depuración” de presuntos o reales bolsones de corrupción estatal, o bien todo lo contrario.
La supuesta aspiración de la titular del Ejecutivo, con arreglo a los dichos de la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, no sería otra que anunciar por estos días el abatimiento de unas presuntas redes de protección corporativa del sector. Para ello, se avanzaría en una suerte de actualización radical de los tribunales, tanto en sus estructuras como en la ratificación o no de sus componentes actuales.
A buena parte de sus miembros de hoy, en Olivos se los identifica, genérica y arbitrariamente, como tributarios de la acordada cortesana pro golpista de 1930 y sus ratificaciones sucesivas. ¿Y si no fuese así?
Empecemos por el principio: nuestro país tiene, como mandato constitucional irrenunciable, la preservación y el desarrollo de un camino democrático respetuoso del principio republicano de división de poderes, adjudicando a cada uno de ellos funciones específicas, pero también límites precisos. En todos los casos, la idea pasa por la finalidad de evitar hegemonismos absolutistas, o parecidos.
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