Otro intento presidencial de amedrentar
a la Corte
En las últimas horas, ha arreciado el ataque de la Presidente contra la Justicia en general y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en particular. Al hablar en público en Río Gallegos, y luego mediante la red social Twitter, Cristina Fernández le reclamó al Poder Judicial independencia respecto de los poderes económicos y exigió a los jueces que no intenten convertirse en un contrapoder. También defendió la reforma judicial que impulsó el Gobierno pese a su manifiesta inconstitucionalidad, punto que constituiría una de las razones del ataque presidencial.
La peligrosa y grosera arremetida contra la Corte y el Poder Judicial no configura un simple conflicto entre dos poderes. No se trata de una discrepancia ni de interpretaciones contrapuestas, algo nada inusual en el libre juego de las instituciones democráticas. Por desgracia, estamos ante algo de una gravedad inusitada, pues se trata de un feroz ataque del Poder Ejecutivo al Judicial para someterlo y, de esa manera, por un lado, tener despejado el campo para el ejercicio de un mayor autoritarismo sin contrafreno alguno y, por otro lado, terminar de una vez por todas con las amenazas que constituyen para altos funcionarios y sus allegados las cada vez más numerosas y documentadas investigaciones sobre graves hechos de corrupción.
Hace años que el Gobierno se ha empeñado en esta lucha cada vez más fuerte por el dominio total de sectores que aún muestran reservas de independencia, tales como el periodismo crítico y el Poder Judicial. En la concepción presidencial se trata de dos aliados entre sí, y a ello pareció aludir cuando anteayer expresó: "A aquel que se piensa como contrapoder desde el Poder Judicial le notifico que más que contrapoder del poder popular es delegado de otros poderes, que no sabemos, pero imaginamos cuáles son".
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