Las peligrosas conversaciones de paz
de Colombia
por Mary Anastasia O'Grady
¿Deberían los terroristas que secuestran, mutilan y asesinan no asumir la responsabilidad por sus crímenes cuando argumentan fines políticos? Al Qaeda tiene un objetivo político y sin embargo, la mayoría de los estadounidenses ven sus crímenes por lo que son.
Si los terroristas son miembros de organizaciones paramilitares de derecha, es casi seguro que la comunidad internacional se opondría a la idea de que fueran eximidos de la responsabilidad por la violencia que fue parte de un conflicto político.
Representantes del gobierno colombiano y de las Farc durante una de las sesiones de las negociaciones de paz en La Habana, en noviembre de 2012.
Pero, como el expresidente colombiano Álvaro Uribe señaló durante una visita a las oficinas de The Wall Street Journal la semana pasada, el gobierno colombiano ahora está en medio de "negociaciones de paz" en La Habana bajo un marco que propone precisamente este tipo de amnistía para los terroristas izquierdistas de las Farc.
Bajo la constitución colombiana de 1991, una condena criminal descalifica a un individuo para postularse a un cargo público. Ahora, "el marco jurídico para la paz", una enmienda a la Constitución que fue aprobada el año pasado y promulgada ley por el presidente Juan Manuel Santos, convierte las atrocidades de las Farc en "crímenes políticos" y le otorga al fiscal general la discreción sobre qué crímenes procesar.
Al categorizar el crimen violento e incluso los que son esencialmente crímenes contra la humanidad —incluyendo el reclutamiento de menores— como "crímenes políticos", el gobierno de Santos ahora puede ofrecerles a las Farc "elegibilidad política" a cambio de un cese de las hostilidades.
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