Opinión: La toma de poder de Santos en nombre de la paz
Por MARY ANASTASIA O’GRADY
Hugo Chávez destruyó el pluralismo político en Venezuela al concentrar el poder en el ejecutivo. Ahora, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, desea emular al hombre fuerte bolivariano y le está pidiendo al Congreso facultades para gobernar por decreto durante seis meses y un cheque en blanco para enmendar la Constitución en formas que aún no ha detallado. Puesto que el Partido Liberal, al que pertenece el mandatario, controla el Congreso, se cree que lo conseguirá.
Santos quiere este poder autoritario para cambiar unilateralmente la Constitución e incluir los términos de un acuerdo de “paz” que ha estado negociando secretamente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por casi cinco años. Inicialmente, prometió un referendo sobre el acuerdo final para que los colombianos pudieran votar punto por punto sobre sus detalles, tales como si los delincuentes de la guerrilla podrían postularse a cargos de elección popular. Pero hace mucho tiempo se retractó de esa promesa, así como de muchas otras.
Santos ahora propone una simple votación de sí o no sobre el producto final, que aún no está listo. Su gobierno ha puesto miles de millones de pesos de los contribuyentes (millones de dólares) en una campaña publicitaria para convencer al electorado de que votar “no” equivale a votar por la guerra.
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En agosto de 2012, cuando se supo de que su gobierno había sostenido negociaciones con las FARC durante más de un año, contacté al presidente para solicitar más información. En una entrevista telefónica en septiembre de ese año, me indicó que los rebeldes habían iniciado el proceso y que él había comenzado a negociar sólo porque, pese a estar disminuidos, continuaban sembrando el terror. Eso lo consigné en una columna del 17 de septiembre de 2012.
La explicación que me dio el presidente contradice la de su hermano mayor en su libro de 2014, “Así empezó todo”. Enrique Santos, quien tuvo un papel protagónico en la organización del diálogo con las FARC en La Habana, señala que fue claro desde el día de su posesión que Juan Manuel buscaba “una agenda política y social diferente” a la de su predecesor Álvaro Uribe. Esto incluía la “búsqueda” de un acuerdo negociado con las FARC.
Según el testimonio de Enrique Santos, el presidente lo convirtió en “su delegado personal” y emisario debido a que él es un “viejo periodista de izquierda que había simpatizado, incluso con la lucha armada y conocía personalmente” a numerosos líderes de las FARC.
Tenía que ser una misión ultra secreta debido a que el público no quería saber de negociaciones con “grupos terroristas que considera arrinconados y casi liquidados”, escribió Enrique. Lo que no dice es que el presidente, que había sido ministro de Defensa de Uribe y forjó la reputación de ser de línea dura, seguro entendió la importancia de esconder las huellas de su hermano izquierdista.
En su relato, Enrique rechaza la estrategia militar que Uribe utilizó para pacificar al país y ni siquiera está seguro si la democracia es una buena idea: “Una total victoria militar no es factible y quizás ni deseable”.
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