EL EMBATE K
La Nueva Provincia y la nueva justicia
Las intenciones de los fiscales Nebbia y Palazzani pueden tomarse como un anticipo de lo que pretende el kirchnerismo para el poder judicial argentino: convertirlo en una certera herramienta ideológica.
Quienes se alarman por lo que significará la nueva justicia pretendida por el gobierno nacional en manos del kirchnerismo, tienen en el caso actual de "La Nueva Provincia" un ejemplo anticipado y tangible de cómo serán las cosas en el país.
Los hechos en parte son de conocimiento público, pero una crónica de los mismos pondrá en perspectiva el nuevo estado de cosas que amenaza no solamente a los medios de comunicación sino a cualquier argentino.
En septiembre de 2012, una sentencia del Tribunal Oral Federal Subrogante de Bahía Blanca, dictada por jueces especialmente designados para ese caso, en el denominado "Juicio V Cuerpo de Ejército", habilitaba en un párrafo de su fallo una investigación respecto del diario "La Nueva Provincia".
Allí se acusaba al diario de haber formado parte del "plan criminal diseñado y ejecutado por las Fuerzas Armadas" en la segunda mitad de la década de 1970.
Bajo ese supuesto, sin bases creíbles y con un armado artificioso, el tribunal ordenaba iniciar una investigación a través de un juzgado federal local.
Una vez recibidas las actuaciones, a principio de 2013, el Juzgado Federal Nº 1 a cargo del doctor Santiago Ulpiano Martínez delegó en el fiscal subrogante Abel Córdoba, luego reemplazado por los fiscales ad hoc José Nebbia y Miguel Palazzani, la investigación de la posible comisión de delitos por parte de este diario en el período que se había juzgado.
Como ya se informara el domingo pasado en estas mismas páginas, por ese entonces los directivos del diario tomaron conocimiento de dicha investigación a través de medios locales y nacionales afines al gobierno y, espontáneamente, el doctor Vicente Massot, director de "La Nueva Provincia" , presentó un escrito al tribunal para ponerse a disposición del mismo.
A principios del mes de mayo de 2013 y a través de medios nacionales como las agencias Télam y Paco Urondo, o los diarios "Página 12" y "Tiempo Argentino", así como por otros medios locales, "La Nueva Provincia" tomó conocimiento de que los fiscales ad hoc Nebbia y Palazzani elevaron al juez un escrito de 137 fojas.
En él, con base en lo que parecían ser consideraciones, especulaciones y supuestos elementos de prueba, solicitaban la detención e indagatoria de los señores Vicente Gonzalo Massot y Mario Hipólito Gabrielli, éste último como ex miembro del staff de redacción del diario.
Según la difusión mediática dada al escrito de los fiscales, en la presentación se pretendió vincular a la dirección del diario y al señor Gabrielli con lo que denominaron el plan criminal para el genocidio.
Concretamente, atribuyen a "La Nueva Provincia" la acción psicológica que permitió y acompañó la acción represiva de los militares. A la vez, le asignan allí a Massot y a Gabrielli responsabilidad en los asesinatos de los obreros gráficos de esta empresa, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola.
Entre el miércoles 15 y el jueves 16 de mayo pasados, medios nacionales como "Página 12" , y otros locales, informaron que el juez Santiago Ulpiano Martínez les negó a los fiscales la detención e indagatoria de Vicente Massot y Mario Gabrielli, por no haber encontrado en la presentación de Nebbia y Palazzani ningún fundamento para disponer "por el momento" esas medidas.
Los fiscales, entretanto, en una conferencia de prensa ofrecida en Bahía Blanca en la tarde de ayer, criticaron duramente la resolución del magistrado Martínez y pusieron en duda su criterio.
Lo dicho por los fiscales implica una velada amenaza de imputación por incumplimiento de sus deberes como funcionario judicial.
"Esta resolución va en línea con la consagración de una impunidad y una manera de no abordar justamente el fenómeno criminal que hace a la pata civil de la dictadura acá en Bahía Blanca", afirmaron los representantes del ministerio público.
También expresaron que "la decisión del juez no es razonada sino que marca sus límites, sus miedos".
Maniobras y aprietes
Desde el comienzo de esta escalada de acusaciones contra "La Nueva Provincia", el ministerio fiscal ha mostrado una conducta uniforme.
Sus peticiones han sido políticas más que jurídicas y se han canalizado especialmente a través de medios de comunicación afines al kirchnerismo.
Los imputados, en este caso el director de "La Nueva Provincia" y el ex secretario de Redacción, no tienen otro modo de enterarse de los vaivenes de la causa en la que se los ha implicado --que es supuestamente reservada en su instrucción y actual desarrollo--, que a través de medios de comunicación que editorializan y especulan acerca de los fundamentos para incriminar, mientras se arrogan la potestad de dictar sentencias.
No sólo eso: en un amasijo difícil de discernir, fiscales y opinadores hablan un mismo lenguaje político, sin tomarse la molestia de atenerse a lo que el trámite judicial prevé y a lo que las sentencias disponen.
Mucho menos si el trámite judicial y la sentencia correspondiente no se ajustan al diseño de juicio y castigo que ya han determinado de antemano.
El planteo no puede ser sino ideológico y se presenta como un combate precisamente de esa índole. La justicia y los estamentos judiciales son puestos de este modo en el grave y difícil desafío de atenerse a derecho o verse exigidos a complacer a comisarios políticos --ya actuando como fiscales o como periodistas--, que vigilan su accionar y lo censuran si no se acomoda a sus pretensiones, con el consiguiente castigo para los que consideren pusilánimes o díscolos.
Sin disimular su papel, los fiscales Nebbia y Palazzani han declarado públicamente que continúan la lucha del fiscal Abel Córdoba, también asignado especialmente para causas de esta naturaleza, en trámites que se han calificado como irregulares y por los cuales la titular del Ministerio Público Fiscal, Alejandra Gils Carbó, enfrenta una denuncia penal.
Nebbia, en este mismo sentido, insistió en su criterio de que la actividad de la fiscalía "va más allá de una actividad intelectual, eso se hace carne y se hace militancia y por eso la lucha es codo a codo y con el respaldo de los organismos (...) Es un norte que desde la fiscalía siempre se tiene".
¿Un final anunciado?
Si la intención política es detener a Vicente Massot y a Mario Gabrielli, el gobierno nacional cree contar con toda suerte de artimañas para lograrlo y con un ejército de militantes en el ámbito de la justicia que obedecerán puntillosamente las directivas que les impartan.
Puede amañar relatos sesgados y falaces que pretenderá hacer pesar como probanzas y, en ese caso, podrían valer poco los hechos reales y las verdaderas pruebas que desmantelen cualquier armado, tan sinuoso como la presentación de los fiscales Nebbia y Palazzani, que el juez Martínez ha desestimado por esas mismas razones, según lo que se desprende del testimonio de los propios fiscales.
Pero entonces será eso: una persecución ideológica que se empecinará en convertir en delito la expresión de una posición propia, distinta y opuesta a los intereses de quienes no sólo se creen dueños de la verdad, sino del país y de las vidas y suertes de todos sus ciudadanos.
"La Nueva Provincia" ha mantenido una línea editorial perfectamente identificable, como lo han hecho otros medios de líneas distintas de la suya. Y no puede imputársele otra cosa que no sea esa consecuencia que siempre se ha manifestado abiertamente.
Su caso, hoy en día, se transforma en un ejemplo claro del modo en que una corriente ideológica, circunstancialmente en el gobierno del país, pretende proceder en todos los ámbitos de la vida argentina.
Para perseguir al diario "La Nueva Provincia" , a sus directivos o empleados, y lo que ellos representan, no hay otra forma de hacerlo que escribiendo una historia distinta a la real, amañar hechos, desfigurarlos y teñirlos a gusto hasta que se vuelvan una monstruosidad.
No son pocos los que ya corrieron esa suerte en estos últimos años.
La reforma judicial que ha pergeñado el kirchnerismo es la consumación de esa amenaza, una amenaza que ahora alcanza a todos los argentinos y a cualquiera, menos a los que querrán saciar con ella su sed interminable de venganza o a los que se beneficiarán con sus arbitrariedades. O ambas cosas.
Fuente: www.lanueva.com
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