Nuestra peculiar monarquía presidencial
por Aleardo F. Laría
por Aleardo F. Laría
No hay semana en que nuestra peculiar monarquía presidencial no nos ofrezca muestras de una versátil imaginación dirigida a buscar modos de aumentar el concentrado poder del Ejecutivo. La semana pasada estuvo signada por dos episodios que, vistos desde una perspectiva democrática, entrañan claros excesos. Pero ya son tantos que pasan desapercibidos por aquella habituación que la cultura popular grafica con la irónica expresión que dice: "¿Qué le hacen dos manchas más al tigre?".
La primera manifestación de desafuero presidencial la ofrece un nuevo decreto de necesidad y urgencia (DNU) por el cual se interviene una empresa privada. Al igual que aconteció con la intervención de Repsol, el gobierno nacional dispuso la intervención de la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone Calcográfica SA) utilizando un DNU. Esta decisión de intervenir una empresa dispuesta por decreto presidencial debe distinguirse del envío de un proyecto de ley para que el Congreso apruebe la expropiación, previo abono de la indemnización. Mientras esta segunda actuación se ajusta a las previsiones constitucionales, la primera es arbitraria y carece de soporte legal, puesto que el PE no tiene capacidad jurídica para intervenir sociedades comerciales privadas.
La primera manifestación de desafuero presidencial la ofrece un nuevo decreto de necesidad y urgencia (DNU) por el cual se interviene una empresa privada. Al igual que aconteció con la intervención de Repsol, el gobierno nacional dispuso la intervención de la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone Calcográfica SA) utilizando un DNU. Esta decisión de intervenir una empresa dispuesta por decreto presidencial debe distinguirse del envío de un proyecto de ley para que el Congreso apruebe la expropiación, previo abono de la indemnización. Mientras esta segunda actuación se ajusta a las previsiones constitucionales, la primera es arbitraria y carece de soporte legal, puesto que el PE no tiene capacidad jurídica para intervenir sociedades comerciales privadas.
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